El guion parece sacado de una serie de mafias, pero lamentablemente es la política boliviana. Este lunes, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se declararon en estado de “alerta máxima”. ¿El motivo que exponen a los micrófonos? Denunciar supuestos operativos de inteligencia policial destinados a detener a su líder, Evo Morales. ¿El motivo real que omiten convenientemente? Que la mañana de este mismo lunes, la justicia declaró a Morales en rebeldía tras su notable ausencia en una audiencia judicial por un grave caso de trata.
El vicepresidente de las federaciones, Dieter Mendoza, no escatimó en el tono de sus amenazas y lanzó una advertencia directa al Estado y a la ciudadanía que sufre los paros: “Si tocan a Evo Morales, el país va a convulsionar como no se imaginan”. Una declaración temeraria que deja en evidencia que el objetivo principal de las recientes movilizaciones y bloqueos no es resolver la crisis económica nacional, sino garantizar la impunidad de su jefe máximo.
Por su parte, Vilma Colque, dirigente de la Coordinadora, alimentó la narrativa de persecución cuestionando los recientes cambios en la dirección nacional de Inteligencia (ahora al mando de Germán Arciénaga Tito) y denunciando supuestos planes del Gobierno para declarar un estado de sitio que militarice los bloqueos. Todo esto, por supuesto, sin presentar una sola prueba material, pero insistiendo en que las protestas de sus bases responden a «demandas sociales y económicas».
El contraste es insalvable y la población lo nota. Mientras el país se desangra financieramente por la paralización de carreteras y el ciudadano de a pie no encuentra dólares ni combustible, el epicentro del poder sindical del Trópico utiliza toda su maquinaria de chantaje para un solo fin: evitar que un ciudadano rinda cuentas ante la justicia ordinaria por acusaciones penales que nada tienen que ver con la política.
