La Paz. — En la política boliviana existe una tradición inquebrantable: cuando llegas al poder, tu primera tarea es convencer a todos de que los que estaban antes lo hicieron todo mal. Fiel a esta costumbre, el presidente Rodrigo Paz ha decidido hacer una limpieza extrema de primavera, promulgando el Decreto Supremo 5600 para anular, de un solo golpe, 161 decretos de gobiernos anteriores.

El argumento oficial suena a música para los oídos de cualquier ciudadano cansado de la corrupción: eliminar de raíz la maña de las «contrataciones directas». Es decir, acabar con ese hermoso deporte nacional de saltarse las licitaciones públicas para darle el millonario contrato de la obra a la empresa del compadre que se creó hace dos semanas.

El arte de borrar con el codo

La medida busca obligar a que todas las compras y contrataciones del Estado pasen por procesos de licitación transparentes. Sin embargo, en las calles la gente se pregunta: ¿hacía falta un mega-decreto para decir que, a partir de ahora, hay que cumplir la ley y no robar?

Los 161 decretos anulados son un testamento histórico de cómo, durante años, se crearon «excepciones» legales para poder gastar la plata del Estado sin rendirle cuentas a nadie. Paz ha decidido agarrar la escoba burocrática y barrer todo ese historial bajo la alfombra de su nueva gestión.

¿El fin del «dedazo» o solo un cambio de manos?

Si bien la medida es, en papel, un paso hacia la transparencia, los bolivianos ya tienen doctorado en desconfianza. El reto ahora no es solo anular los decretos que permitían el «dedazo» (las contrataciones a dedo), sino garantizar que las nuevas y relucientes licitaciones públicas no terminen siendo ganadas, mágicamente, por los nuevos amigos del Gobierno.

Por ahora, celebramos la masacre de 191 decretos oscuros. Esperemos que este «borrón y cuenta nueva» no signifique simplemente cambiar el color del bolígrafo con el que se firman los cheques.